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No basta con suponer que quienes administran y, eventualmente, invierten esos fondos con fines de aumentar su rentabilidad, sean personas honorables. Es mucho mejor si su gestión está bajo el ojo avizor de una auditoría externa capaz de detectar riesgos a tiempo e impedirlos para bien de todos.
Se estima que tras la apertura del periodo ordinario de sesiones en el Parlamento Nacional, el Poder Ejecutivo enviará para su estudio el proyecto de ley de Superintendencia de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que comprende las cajas de los diferentes entes y organizaciones que administran dichos recursos.
Y no es pequeño ese sector. Hagamos una rápido repaso de activos. El primer grupo está integrado por las cajas del IPS, ferroviarios, ANDE, bancarios y personal municipal. Allí se concentra una masa de activos superior a los 4,7 billones de guaraníes (alrededor de US$ 858 millones al cambio de ayer). Luego vienen las cajas agrupadas bajo el rubro “fiscal”, es decir, que gestiona Hacienda y que representan un patrimonio neto de 2,3 billones de guaraníes (US$ 395 millones). También hay que considerar la caja de jubilados de Itaipú Binacional que con un patrimonio neto de 1,3 billones de...
Sin embargo, se oyen voces que se oponen a la creación de dicha superintendencia calificándola –según el proyecto de ley que el PE está reescribiendo para presentarlo en abril al Congreso- de una verdadera amenaza contra el patrimonio de dichas cajas, afirmando que lo que el Gobierno busca es echar mano a tales fondos para enjugar gastos corrientes.
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