Una funcionaria judicial fue detenida en una entrega vigilada tras supuestamente exigir dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario. El caso salpica a una jueza, actuarios y funcionarios del Ministerio del Interior, en un nuevo escándalo que golpea al sistema de justicia.
Una presunta red de corrupción vinculada al otorgamiento de tobilleras electrónicas quedó al descubierto tras la detención de una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo, en el departamento Central. La mujer fue capturada en flagrancia durante una operación de entrega vigilada, cuando recibía dinero que, según la investigación, debía ser distribuido entre autoridades judiciales y otros funcionarios públicos.
El caso se remonta a agosto de 2025, cuando fue detenido Marcelo Fabián Peña Mancuello, imputado por tenencia y comercialización de drogas. En ese entonces, la jueza de Garantías, María Elena Cañete, había ordenado su prisión preventiva en la Penitenciaría de Tacumbú. Sin embargo, meses después, la defensa solicitó en reiteradas ocasiones el arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, beneficio que inicialmente fue rechazado.
Dinero incautado de la funcionaria fruto de la supuesta coima. Foto: Gentileza.
Según la denuncia, el esquema irregular se habría activado en abril pasado, cuando la funcionaria ahora detenida, Antonia Galeano, supuestamente solicitó 6 millones de guaraníes a la familia del procesado a cambio de interceder para que la jueza concediera la medida. La familia habría entregado inicialmente 3 millones de guaraníes; sin embargo, el pedido fue rechazado en ese momento, presuntamente por no haberse completado el monto exigido.
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