Durante tres días en julio de 2021, el barrio Cota 905 en Caracas se convirtió en zona de guerra urbana. A pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, más de 3.000 efectivos de la policía y el ejército, reforzados con vehículos blindados, atacaban calle por calle mientras los residentes se refugiaban temerosos en sus endebles casas de bloques de cemento.
Pero esta ostentación de fuerza no iba dirigida a enfrentar otro ejército, ni siquiera una milicia o grupo paramilitar. El enemigo era una pandilla callejera. Una pandilla bien armada y consolidada al mando de un notorio pran, pero aun así, un grupo de jóvenes extorsionistas y microtraficantes.
El llamado "megaoperativo" cobró docenas de vidas y dejó profundos traumas entre la población que sufrió los abusos de las fuerzas de seguridad. Pero el presidente Nicolás Maduro se declaró victorioso de esa guerra. El líder enemigo, Luis Carlos Revete, alias “El Koki” había sido desterrado de Cota 905.
Desde entonces, Maduro ha adoptado la táctica de los megaoperativos, que había usado ocasionalmente en el pasado, como un pilar central de su estrategia para combatir las bandas criminales que atemorizan a muchas comunidades en el país. A pesar de los aparentes éxitos, como la expulsión del Koki de la Cota 905, existen serios cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia para combatir a las bandas y acusaciones aún más graves sobre violaciones rampantes de los derechos humanos.
En el momento en que Maduro llegó al poder en 2013, Venezuela llevaba año tras año de tasas de homicidios récord, y se había ganado la reputación de uno de los países más peligrosos del mundo. Ese año, hubo más de 24.000 muertes violentas en el país, que equivalieron a unos 79 homicidios por 100.000 habitantes, según los cálculos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
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