Las autoridades brasileñas están endureciendo las restricciones sobre los mineros ilegales de oro en territorio indígena yanomami, pero ante la migración de esos mineros a otros lugares, no parece que esta actividad ilícita sufra mella hasta que entre en vigor la legislación contra el “lavado” de oro.
La Policía Federal de Brasil (PF) anunció el 2 de marzo que solo se permitiría salir entre 7 a.m. y 5 p.m. (hora local) a los mineros ilegales que estaban desalojando en lancha las regiones Palimiú y Walo Palis, en el estado de Roraima, norte de Brasil. Se instalaron puntos de control en los ríos Mucajaí y Catrimani y se inspeccionaría a las lanchas que pasaran, informó la policía.
La medida hace parte de una operación contra la minería ilegal de oro, iniciada en febrero para desalojar a los mineros ilegales de las tierras pertenecientes a la etnia yanomami. La minería ilegal ha causado extenso daño ambiental en ese estado, y se ha acusado a los mineros de atacar a los yanomami y de incendiar sus casas.
El 23 de febrero, las autoridades anunciaron que reforzarían la presencia de fuerzas de seguridad en Roraima después de que una flota de lanchas de mineros derribaron una barricada en el río Uraricoera y abrieron fuego contra funcionarios del gobierno, según información de UOL Brasil.
A pesar del ataque, las medidas contra la minería ilegal en Roraima han sido exitosas en su mayoría: para el 23 de febrero, solo permanecían unos 1.000 mineros ilegales de los cerca de 15.000 que se estimaba que operaban en el estado, según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil (Ministério da Justiça e Segurança Pública).
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