El Directorio de los bomberos amarillos no entregó al Ministerio de Hacienda la rendición de cuentas de unos G. 3.344 millones que la cartera de Estado le transfirió como aporte el año pasado.
Mientras Hacienda se niega a transferir fondos al CBVP-amarillo, el Directorio continúa con su política de persecución y represalia contra los voluntarios que se animan a solicitar una administración transparente. Solamente en el 2017, el Directorio, a través del Tribunal de Justicia, castigó a 50 bomberos, ya sea con expulsiones, bajas o suspensiones.
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