El juez Humberto Otazú no hizo lugar al incidente de levantamiento de la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes por el valor de Gs. 200.000.000 sobre los bienes de los procesados Ronie Pastor y Gerardo Samudio, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), procesados por asociación criminal, reducción y apropiación. […]
El juez Humberto Otazú no hizo lugar al incidente de levantamiento de la medida cautelar de inhibición general de enajenar y gravar bienes por el valor de Gs. 200.000.000 sobre los bienes de los procesados Ronie Pastor y Gerardo Samudio, funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), procesados por asociación criminal, reducción y apropiación. Estos habrían participado de un esquema de robo de 334.213 metros lineales de cable por valor de casi US$ 1.000.000, con la finalidad de extraer el cobre de los conductos eléctricos.
La representación fiscal se opuso al levantamiento, “teniendo en cuenta en puesto que con dicha medida cautelar se garantiza el sometimiento de los imputados al proceso, el cual se encuentra en curso actualmente, por lo que a criterio de esta representación fiscal que en el momento procesal oportuno el Ministerio Público se expedirá y en caso de ser pertinente solicitará lo que corresponda.”
“Además de que a la fecha no existen hechos o elementos nuevos que ameriten el estudio de lo solicitado por la recurrente, por lo que no es oportuno en este estadío procesal el levantamiento de las medidas cautelares hasta tanto no sea definida su situación procesal”.-
“Es así que el magistrado afirma que en atención a lo manifestado, y a la postura asumida por el representante del órgano investigador quien se opuso a lo solicitado, encontrándose las resoluciones debidamente fundadas, siendo esta una causa sobre hechos punibles que atentarían contra el patrimonio de un órgano del Estado lo que eventualmente implicaría un resarcimiento, y la etapa de investigación aun se halla en curso”
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