Un exfiscal y dos exasistentes fiscales acusados como cómplices del supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, fueron condenados a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena, en el marco del caso Berilo. Los tres acusados admitieron los hechos atribuidos por el Ministerio Público, a fin de someterse al procedimiento abreviado, y deberán donar G. 12 millones cada uno para no ir a prisión.
El ex fiscal de Ciudad del Este Gustavo Ramón Yegros y los ex asistentes fiscales de Caaguazú, Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, acusados en el , fueron condenados en procedimiento abreviado, a 2 años de cárcel; sin embargo no cumplirán la sentencia en una penitenciaría, ya que la condena es con suspensión de la ejecución de la pena.
La condena contra el exfiscal es por los hechos de Frustración de la Persecución y Ejecución Penal (Art. 292 del Código Penal), Realización del Hecho por Funcionarios (Art. 293 del CP) y Cohecho Pasivo Agravado (Art. 301 del CP); mientras que contra los exasistentes fiscales es por Frustración de la Persecución y Ejecución Penal (Art. 292 del Código Penal), Realización del Hecho por Funcionarios (Art. 293 del CP) y Soborno Agravado (Art. 303 del CP).
En el caso del exfiscal Gustavo Yegros la suspensión de la ejecución de la pena es a cambio de una donación de G. 12.000.000 (en 24 cuotas de G. 500.000) a la Fundación Guadalupe; además debe comparecer de forma trimestral ante el Juzgado de Ejecución Penal para firmar el libro correspondiente y tiene prohibición de cambiar de domicilio y salir del país sin autorización judicial.
Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, principal acusado en la causa Berilo. Los ex asistentes fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua también están obligados a donar de G. 12.000.000 (en 24 cuotas de G. 500.000), cada uno, a la Fundación Asoleu - Asistencia al Niño Leucémico y al Albergue Rocío Róga de la Fundación Rocío Cabriza, respectivamente; tienen prohibición de cambiar de domicilio y viajar sin autorización judicial, y deben comparecer de forma trimestral ante el juzgado de Ejecución.
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