Sputnik Mundo Ciudad de México.-Encontrar la verdad en el caso de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, es una obligación del Estado mexicano y una oportunidad para cambiar el sistema judicial, dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de visita en este país. A la firma del convenio asistieron madres, padres y defensores de derechos humanos que representan a las familias de las víctimas, en el caso considerado “paradigmático”, debido a que “muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema” para atender esas violaciones a derechos humanos, añadió Bachelet. Finalmente, reconoció el papel de las organizaciones de la sociedad civil, en particular mencionó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (jesuita), al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, al Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y al Centro de Análisis e Investigación, Fundar, que acompañan a las familias de los estudiantes desaparecidos.
Ciudad de México.-Encontrar la verdad en el caso de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, es una obligación del Estado mexicano y una oportunidad para cambiar el sistema judicial, dijo la alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de visita en este país.
“Es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia”, afirmó en su discurso, al firmar un acuerdo de “Asesoría y Asistencia Técnica para la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”.
El objetivo de esa Comisión de la Verdad es “llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales”, dijo la alta responsable del organismo internacional.
Ante el canciller Marcelo Ebrard y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que suscribieron el pacto, Bachelet expresó su confianza en la implementación de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo las del informe de su oficina, titulado “Doble injusticia”, que citó en su alocución.
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