La jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público la causa de María Virginia Araki, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico y de asociación criminal. Según el Ministerio Público, Araki, pareja de Federico Santoro, habría utilizado bienes obtenidos con ganancias del tráfico internacional de drogas para adquirir inmuebles, realizar […]
La jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público la causa de María Virginia Araki, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico y de asociación criminal. Según el Ministerio Público, Araki, pareja de Federico Santoro, habría utilizado bienes obtenidos con ganancias del tráfico internacional de drogas para adquirir inmuebles, realizar construcciones, y otros movimientos financieros con el fin de aparentar legitimidad.
El Ministerio Público ha presentado pruebas que vinculan a Araki con el lavado de activos obtenidos por su pareja, Federico Santoro, un presunto operador en el tráfico internacional de drogas. Según la Fiscalía, Araki habría aprovechado su relación con Santoro para gestionar y ocultar importantes sumas de dinero ilícito. Se estima que, entre 2020 y 2023, Araki y Santoro canalizaron ingresos derivados del narcotráfico hacia múltiples inversiones en Paraguay, incluyendo la compra de propiedades, construcción de inmuebles y adquisición de bienes de alto valor, todo esto registrado a nombre de...
La acusación, presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, sostiene que Araki habría diseñado una estructura de lavado de dinero mediante empresas ficticias y prestanombres, valiéndose además de terceras personas para disimular el origen ilícito de los fondos. Entre las empresas utilizadas para estos fines, destaca la firma Araki S.R.L., de la cual Araki es socia junto a un gerente de otra empresa comercial, con quien mantenía relaciones comerciales que facilitaban el flujo de dinero en operaciones aparentes. En este contexto, la Fiscalía apunta a la participación de empresarios, colaboradores y...
Asimismo, la investigación señala que tras la detención de Araki y Santoro en 2023, se ejecutaron múltiples transferencias de bienes hacia personas de confianza para impedir su confiscación, incluyendo propiedades ubicadas en Ciudad del Este y vehículos de lujo, lo que, según la Fiscalía, evidencia un intento de evadir el accionar judicial y conservar los activos.
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