La Corte resolvió que las actuaciones de la jueza Norma Salomón deben ser remitidas a la Superintendencia de Justicia, con base en el resultado de la auditoría de gestión hecha al Penal de Garantías de Capiatá.
El ministro Eugenio Jiménez informó durante la auditoría, además de los hecho que la motivaron, se han estudiado 244 expedientes correspondientes a los años 2021 a 2023, para tener una visión general.
En ese sentido, resaltó que ”hay elementos interesantes” y la auditoría concluyó con la recomendación de remitir a la Superintendencia General de Justicia las actuaciones de las actuarias, de la ujier notificadora, y de Salomón, la titular del juzgado, lo que fue aprobado por el pleno de la Corte.
Esta auditoría fue dispuesta por Jiménez Rolón el 7 de agosto, tras luego de que se hiciera público que el abogado Farid González, esposo de Norma Salomón, supuestamente haya recibido G 13.800.000 por una resolución que tenía que dictar su cónyuge en un proceso por violencia familiar, por lo que fue detenido e imputado.
El caso que involucra al esposo de Salomón inició cuando una denunciante refirió que tiene una causa penal caratulada “C. G. V. s/ Violencia Familiar”, en el juzgado a cargo de la magistrada en la cual su expareja, señalado como el agresor, fue beneficiado con el arresto domiciliario.
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