Los atropellos por parte del BNF a la ley de compras públicas y sus reglamentaciones no solo afectan al derecho de empresarios oferentes sino además, perjudican la seguridad jurídica del país. Así lo advirtió Eduardo De Gásperi, abogado del único consorcio que se presentó, además de ITTI, a la licitación del core bancario de dicha institución. Urge que DNCP rectifique las acciones que se torcieron durante el proceso, advirtió.
Las trasgresiones a la ley 7021 de Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones, que se dieron en la licitación del para compra de un core bancario, perjudican a empresarios afectados en sus derechos, pero además, a la seguridad jurídica del Paraguay. Así lo afirmó el abogado Eduardo De Gásperi, representante jurídico del Consorcio Solusap, que fue descalificado por el BNF con un argumento calificado de “burdo” e “ilegal”.
Y es que, si el comité de evaluación hace una interpretación extensiva de la ley, a su antojo, qué empresario se querrá presentar a los procesos, se preguntó el especialista. “Esto afecta los principios básicos de la ley de compras públicas, de transparencia y de igualdad. El comité de evaluación no se debe apartar de los términos de la ley y sus reglamentaciones, no puede hacer una interpretación extensiva para favorecer a quién le quieren adjudicar”, aseveró.
Resaltó que afecta también al BNF como institución y su credibilidad, pues este proceso ya venía con un “manto de dudas” y que ahora, con “errores” burdos, se desacredita todo el proceso.
En la licitación del BNF, llevada adelante con la modalidad de dos sobres (el N° 1 de la oferta técnica y el N° 2, la económica), se presentaron solamente dos propuestas. Una correspondía a la firma ITTI, ligada a socios comerciales del Presidente de la República Santiago Peña, y en donde el mismo Mandatario tenía acciones al menos hasta marzo último. La otra era del consorcio Solusap, integrado por Infocenter SA, Horizonte SRL y Softshop SA.
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