La Comisión de Hacienda de la Junta Municipal de Asunción recibió este jueves la propuesta de acuerdo de pago planteada por los representantes de los bonistas, ante la millonaria deuda de la comuna. Para el concejal Humberto Blasco (PLRA), lo que el intendente Luis Bello (ANR-HC) presentó en conferencia de prensa, haciendo autobombo, como un acuerdo que él logró con los bonistas, es en realidad una “intimación de pago” de G. 90.000 millones, bajo amenaza de reclamos judiciales con tasas de interés muy elevadas.
La Comisión de Hacienda de la Junta Municipal de Asunción recibió este jueves la propuesta planteada por los representantes de los tenedores de bonos que la Municipalidad emitió para hacer obras, muchas de las cuales, nunca se hicieron. En conferencia de prensa, el intendente (ANR-HC) había presentado el documento como un logrado con éxito entre las partes involucradas. Sin embargo, el análisis preliminar de los concejales arroja una visión muy diferente sobre la naturaleza de esta negociación.
Para el concejal Humberto Blasco (PLRA), lo recibido no constituye un pacto consensuado sino una presión directa de los acreedores. Según su análisis, el texto es “básicamente una intimación de pago" enviada por la Casa de Valores que representa a los tenedores. El edil cuestionó que se intente presentar como un logro de gestión lo que considera una exigencia externa ineludible.
La propuesta señala un plan de amortización de cerca de G. 90.000 millones para ser cancelados durante el presente año. El saldo restante de la deuda se diferiría para el año 2027 sin que esto implique renuncias o quitas por parte de los bonistas. Esta estructura de pagos significa un alivio de la caja inmediata, pero una pesada carga para el futuro, aunque Luis Bello la presentó como un rotundo éxito.
Humberto Blasco (PLRA), concejal de Asunción. Blasco advirtió que el documento incluye la advertencia de iniciar reclamos judiciales si la comuna no acepta los términos. Estos procesos legales podrían derivar en la aplicación de tasas de interés calificadas por el concejal como "tremendamente onerosas“. El riesgo judicial se utiliza como una herramienta de presión para forzar la aprobación de la propuesta presentada.
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