El ministro de Salud, Julio Borba, había abierto una investigación sobre el caso, pero no se conocieron los resultados. Dicha pesquisa tuvo como fin elevar un informe a la Presidencia de la República, sobre la denuncia de incompatibilidad de funciones con la condición de accionista de una sociedad anónima. En tanto, la Contraloría General de la República dispuso una auditoría en Dinavisa, organismo dependiente del Poder Ejecutivo. Cualquier otra medida que pueda ser adoptada quedará supeditada al resultado del informe final que sea elevado por el ente contralor. Existen sospechas de que...
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