El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, remitió a la asesoría jurídica el pedido de informe que realizó la Contraloría, respecto a la ejecución de un programa correspondiente al ejercicio de este año.
El contralor general, Roy Rodgers Canás, había dispuesto el examen especial del Subprograma Nacional de Investigación Forense y Criminalística, sin perjuicio de su ampliación conforme al desarrollo del trabajo.
Para el efecto, fueron designados auditores Carmen Herrera, Andrés Benítez y Fernando Miltos, como jefe del equipo.
Sin embargo, Díaz Verón pidió su parecer a la asesoría jurídica teniendo en cuenta que está “blindada” su administración gracias a una acción de inconstitucionalidad que le otorgó la Corte.
De esta forma, así como muchos otros entes públicos, el Ministerio Público logró que su gestión sea “revisada” solo en el Tribunal de Cuentas, con la suspensión de los efectos de la Ley 2248/03.
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