Ayer se inició el juicio contra la ex funcionaria de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores Miriam Arroquia, quien está acusada por la Fiscalía por los hechos de cobro indebido de salarios y no prestación de servicios. El caso había empezado a investigar el fiscal Ígor Cáceres, quien fue suspendido tras el escándalo de los audios, y ahora le reemplaza Natalia Fúster.
Al iniciar el juicio el abogado Jorge Bogarín pidió incluir como testigos al senador Eduardo Petta, a César Ortiz, jefe de Gabinete de la Comuna de Asunción, y al denunciante Joel Gómez; sin embargo el tribunal, compuesto por Olga Ruiz, Elsa García y Arnaldo Fleitas, rechazó. También rechazó incluir unos audios como elementos probatorios.
DEFENSA. El abogado Jorge Bogarín indicó que no se puede atribuir la doble remuneración de funcionarios públicos, porque la Ley 1626 de la Función Pública no afecta a los trabajadores de la Municipalidad, por una acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte Suprema.
Además, indicó que la Fiscalía no hace diferencia entre funcionario y prestación de servicios, mencionando que en los trabajos de asesoramiento y coordinación no incluía el cumplimiento de horario específico.
influencia. Arroquia indicó que ella recibió amenazas, ya que con el trabajo de reorganización del plantel laboral del Senado varios de los funcionarios fueron afectados y despedidos, y en su mayoría, dijo ella, estaban relacionados a los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto.
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