CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). Dueños de casas de armas denunciaron supuestos allanamientos extorsivos que venían realizando la fiscala Antisecuestros Zunilda Ocampos, junto con agentes Antisecuestros de la Policía. Las intervenciones se hacían sin presencia de técnicos de DIMABEL y, acorde la acusación, demandando dinero. El Ministerio Público dice que los procedimientos se ejecutaron conforme a derecho y que hay varios procesados por venta ilegal de armamentos.
El abogado Luis Aponte explicó que sus clientes, dueños de unas 26 empresas, adelantaron la formación de la Asociación de Caza, Pesca y Armería con el objetivo de poder defenderse de los allanamientos que se venían ejecutando supuestamente de manera irregular.
Según la denuncia, durante los allanamientos, a los dueños de las empresas les sacaban sus celulares para que no puedan llamar a un defensor y no se les permitía observar lo que hacían los policías. Posteriormente, supuestamente se les requería un monto de dinero. Extraoficialmente se dijo que se exigían entre 13.000 y 30.000 dólares.
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