La falta de explicación de lo que se resolvió en los incidentes en la sentencia del juicio oral es causal de nulidad del fallo. “En el acta de juicio se puede leer que el Tribunal de Sentencia no fundamentó de manera concreta el motivo por el cual consideró legal el ingreso a un recinto privado comercial sin orden judicial, sino que sostuvo que la defensa hizo una manifestación genérica, sin hacer mención concreta a cuáles fueron los agravios”, acota Criscioni. Además, hace notar que los jueces ni siquiera expusieron los fundamentos del rechazo de los incidentes en la sentencia, sino que los consignaron solo en el acta de juicio, lo que constituye un grave error procesal. Afirma que lo que se apela no es el acta del juicio y los fundamentos del Tribunal deben constar en la sentencia para que los camaristas los puedan controlar. “La falta de explicación de lo resuelto en los incidentes en la sentencia definitiva, fue motivo de nulidad de sentencia resuelto en un recurso de casación por la Sala Penal de la Corte”, afirma. La sentencia se pronunciará en nombre de la República del Paraguay y contendrá: La mención del tribunal, lugar y fecha en que se ha dictado, los datos personales de los jueces y las partes, los datos personales del imputado y la enunciación del hecho que ha sido objeto del juicio; El acta del juicio demostrará, en principio, el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo.
La falta de explicación de lo que se resolvió en los incidentes en la sentencia del juicio oral es causal de nulidad del fallo. Esto, según la resolución del Tribunal de Apelación Especializado que se apoyó, a su vez, en una resolución de la Corte.
Fue decisión unánime de los camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla, quienes anularon lo resuelto en juicio oral en un caso donde condenaron a tres personas por supuesta estafa.
Veamos. Ana Estigarribia dijo que el 3 de febrero de 2022, en el patio de comidas de un supermercado de Limpio, se encontró con Gabriela Godoy, quien dijo ser actuaria judicial del Juzgado de Limpio; Cristhian Borja, que se presentó como funcionario judicial, y la abogada Ana Rodríguez, a quien contrató para ver el caso de su hijo Cristhian Sauddin sobre estafa y otros delitos.
Según la mujer, le pidieron 20 millones de guaraníes y traspasar una propiedad para solucionar la causa. Como dudó, acudió ante la jueza de Limpio, Elsa Idoyaga, donde vio que Godoy no era la actuaria. Tras contar lo sucedido a la magistrada, esta realizó la denuncia.
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