En nuestra entrega anterior destacamos la necesidad de que la reforma electoral no sea discutida solamente por políticos, partiendo de la base de que en la democracia la actividad política debe ser una actividad netamente ciudadana, pero el Poder Ejecutivo solamente invitó a políticos aunque el Ministerio del Interior aclaró que se sumaron después algunas organizaciones civiles. ¿Con esto podemos decir: ya estamos todos? No creo.
En el universo electoral, que incluye a todas las personas de este país, mayores de 18 años, o sea electores, hay grupos sociales que desestiman la vía electoral como el camino idóneo para llegar al poder. Nadie se preocupó hasta ahora en conocer qué es exactamente el cuestionamiento y cuál es la propuesta, de manera que mientras exista esa disidencia no podemos hablar de la “democracia representativa, participativa y pluralista” que impone la Constitución en su artículo uno.
No obstante, la reforma electoral ya arrancó en dos frentes.
Uno es el que impulsa el Ejecutivo con los partidos y un intento de incluir a quienes carecen de identidad política; el otro es la comisión especial formada en el Senado para estudiar los 32 proyectos de modificación del Código Electoral, donde lógicamente los únicos participantes serán legisladores. La Justicia Electoral tiene una propuesta de modificación de la ley presentada en el 2014, pero hay que decirlo, esta institución actúa en consonancia con la voluntad del Parlamento mientras que la cooperación internacional lo hace con el TSJE.
De ahí que tendremos tres canales de interés, el canal ciudadano (organizaciones de la sociedad civil), el canal político (partidos y movimientos políticos) y el canal técnico (Justicia Electoral y cooperación internacional). Estos dos últimos tienen una tendencia a apoyar lo político, no tanto lo ciudadano.
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