El caso de la familia Britos es apenas uno de cientos en los que el sistema judicial fue y sigue siendo utilizado por el clan González Daher para apretar a las víctimas de su sistema de préstamos usurarios.
En el circuito de “apriete” que realizaba supuestamente González Daher para cobrar sus préstamos, era frecuente realizar denuncias penales por estafa ante la Fiscalía General.
Varios fiscales se prestaron para que el cobro de guaraníes, que debe corresponder al fuero civil, sean penalizados como forma de coacción a los deudores.
En la imputación por lavado de dinero y usura contra González Daher y su hijo González Karjallo, la Fiscalía encontró que realizaron 227 denuncias de supuestas estafas a las que se dieron trámite, para que los ahora imputados puedan cobrar las sumas de dinero adeudadas.
Añade parte de la imputación que este modus operandi “había sido utilizado por el señor Ramón González Daher a fin de hacer efectivo el cobro por capitales e intereses, aparentemente usureros, otorgados a terceros”.
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