Aplican medidas alternativas a supuestos implicados en adquisición irregular de los “Detergentes de oro”

Aplican medidas alternativas a supuestos implicados en adquisición irregular de los “Detergentes de oro”

El juez Rodrigo Estigarribia otorgó medidas alternativas a Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, Edwin López Cattebeke, Ernesto Javier Armoa Ramírez,Víctor Ramón Fragueda Ortiz y Enrique Antonio Chávez Benítez, procesados en el marco de la adquisición de insumos durante la pandemia de covid-19, que causaron un perjuicio de G. 1.830 millones a la Comuna de Asunción, […]

El juez Rodrigo Estigarribia otorgó medidas alternativas a Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, Edwin López Cattebeke, Ernesto Javier Armoa Ramírez,Víctor Ramón Fragueda Ortiz y Enrique Antonio Chávez Benítez, procesados en el marco de la adquisición de insumos durante la pandemia de covid-19, que causaron un perjuicio de G. 1.830 millones a la Comuna de Asunción, mediante la compra de detergentes y otros productos, que ni siquiera habrían sido entregados a la Municipalidad.

En la consideración del magistrado se destaca que las medidas cautelares solicitadas en la audiencia de referencia por la defensa técnica, resuelve imponer las medidas alternativas solicitadas por el Ministerio Público según lo dispuesto en el artículo 245 del CPP, modificado por la ley n.º 6350/19, en vista que surge la necesidad de garantizar el sometimiento del imputado al presente proceso penal, y atendiendo a que por medio de la aplicación de dicha medida menos gravosa a la prisión preventiva el peligro de fuga podría ser evitado.

Igualmente sostiene en cuanto al potencial peligro de obstrucción “dicha situación también es posible evitar por medio de las medidas dictadas por este juzgado en atención a que la libertad ambulatoria del mismo no representa ningún peligro para la prosecución de la investigación impulsada por el Ministerio Público.”

En todos los casos, los procesados deberán comunicar entrada y salida al país, comparecencia trimestral ante el juzgado y fianzas personales por valor de G 500.000.000, con la advertencia de que en caso de incumplimiento se procederá a la revocatoria de dichas medidas .

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