Los audios que salieron a la luz pública confirmaron varios asuntos que eran vox populi: que la Justicia está podrida hasta los tuétanos, que los políticos la manejan a su gusto y paladar, y que el senador colorado cartista Óscar González Daher, desde su poderoso cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), practica un repugnante tráfico de influencias en favor de sus partidarios políticos y allegados, manteniendo de rodillas a magistrados de la Corte Suprema, jueces y fiscales. Este apestoso asunto será objeto de una pesquisa por la Fiscalía General, de la que poco se puede esperar. Por su parte, el Senado realizará hoy una sesión para decidir si se le aplica o no una suspensión de dos meses, sin goce de sueldo. ¿Será todo el castigo ante tan grave actuación? Los dos meses sin sueldo no le afectarán en absoluto a González Daher y, además, tras ese corto tiempo ya podrá volver a ocupar su cargo de titular del JEM, con los mismos vicios, lo que implica que inmediatamente podrá recuperar lo perdido. Si los senadores tienen una pizca de patriotismo, deben enviar a la cuneta al desfachatado senador, aplicándole la sanción de pérdida de investidura que contempla la Constitución para casos como este.
Los audios que salieron profusamente a la luz pública confirmaron varios asuntos que eran vox populi: que la Justicia está podrida hasta los tuétanos, que los políticos la manejan a su gusto y paladar, y que el senador colorado cartista Óscar González Daher, desde su poderoso cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), practica un repugnante tráfico de influencias en favor de sus partidarios políticos y allegados, manteniendo de rodillas a magistrados de la Corte Suprema, jueces y fiscales.
La Constitución prohíbe a los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo “intervenir de cualquier modo en los juicios”, pero este impresentable personaje no tiene reparos en meter desembozadamente sus sucias manos en una serie de casos judiciales, con la activa participación del secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann.
Una breve referencia a algunos de los repudiables diálogos servirá para que nuestros lectores tengan mejor idea de la calaña de este “representante del pueblo”, y de la presión y chantaje que ejercía sobre los integrantes de la magistratura, cuya integridad tenía el deber de defender.
En uno de ellos, Fernández Lippmann le informa que se está haciendo un “seguimiento” del caso del contralor general de la República, el “buen aliado” Enrique García, denunciado por no haber recurrido un laudo arbitral que perjudicó a la Municipalidad de Asunción, cuando él fungía de asesor jurídico de la Comuna.
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