Los millones recaudados por la Opaci no solo servirían para pagar a los operadores políticos sino también para asesoramiento, publicidad y márketing, revela un supuesto listado de gastos de la ONG. El documento filtrado desnuda el despilfarro del dinero recaudado a través de las comunas, pero exento del control de alguna institución estatal.
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), actualmente presidida por la intendente de Ybycuí María del Carmen Benítez (ANR, velazquista), se presenta como una organización no gubernamental que aglutina a las municipalidades del país. Se conformó pregonando la libertad de asociación; sin embargo, lejos de eso se convirtió en una pesada carga para los contribuyentes.
La ONG, pese a ser de carácter privada, maneja la base de datos de las licencias de conducir. Esto hace que obligue a cada conductor de vehículo a pagar G. 10.000 por la expedición, renovación y anulación de sus registros.
Además, la Opaci mediante un confuso convenio con el Colegio de Escribanos del Paraguay actúa como agente de retención sobre impuestos municipales por las transferencias de bienes raíces y operaciones de créditos (hipotecas). Por estos “servicios” la entidad, que se presenta “sin fines de lucro”, igualmente cobra un porcentaje en concepto de tasa.
A pesar de que la sostenibilidad y mantenimiento de la Opaci proviene en forma exclusiva de recursos públicos ninguna institución estatal verifica su manejo.
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