Yahoo Noticias La Paz.-Organizaciones ciudadanas bolivianas y partidos políticos de oposición acordaron llevar adelante una huelga nacional en agosto próximo en rechazo a la candidatura a la reelección del presidente del país, Evo Morales, que consideran ilegal. La postulación de Evo Morales es considerada ilegal por la oposición y movimientos ciudadanos, por incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado de un referendo de 2016 que le negó la posibilidad de volver a postularse.
La Paz.-Organizaciones ciudadanas bolivianas y partidos políticos de oposición acordaron llevar adelante una huelga nacional en agosto próximo en rechazo a la candidatura a la reelección del presidente del país, Evo Morales, que consideran ilegal.
Esta medida es parte de las resoluciones de una reunión convocada por el Comité Cívico Pro Departamento de La Paz a la que asistieron representantes de partidos opositores, plataformas ciudadanas y comités cívicos de distintas regiones bolivianas. La huelga nacional de 24 horas está convocada para el próximo 21 de agosto, según las resoluciones leídas por el presidente del comité cívico de La Paz, Antonio Alarcón.
Asimismo se acordó un “paro nacional indefinido” desde el próximo 10 de octubre, diez días antes de las elecciones generales, hasta lograr la “renuncia del binomio inconstitucional” de Evo Morales y el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, a ser candidatos. Además, amenazaron con un “cerco” a La Paz, que es la sede del Gobierno y el Parlamento bolivianos, y con la “resistencia civil” para que Morales y García Linera renuncien a ser candidatos.
Estos sectores también reclaman la dimisión de los vocales del órgano electoral, a los que acusan de ser parciales con el oficialismo. El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín dijo a los medios que lo que se está planificando “es una movilización para defender la democracia” y el respeto al voto ciudadano. Los movimientos cívicos y ciudadanos buscan que “si tiene que haber elecciones, que sean limpias, con un Tribunal Supremo Electoral imparcial”, agregó Albarracín.
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