Una resolución judicial reciente en Luque reabre el debate sobre los mecanismos utilizados en procesos basados en pagarés y refuerza los cuestionamientos en torno a posibles irregularidades en este tipo de demandas.
El caso se remonta al año 2015, cuando se inició el juicio “COMACO SRL c/ Zila Zárate Ávila s/ Preparación de la Acción Ejecutiva” ante un juzgado de paz de esa ciudad. El proceso avanzó sustentado en un pagaré que, según la defensa, contenía datos y firma falsificados, además de notificaciones que habrían sido diligenciadas en una dirección inexistente o ajena a la demandada.
De acuerdo con los antecedentes, Zila Zárate tomó conocimiento del expediente años después, al intentar acceder a la compra de electrodomésticos a crédito, momento en que le informaron sobre una inhibición vigente a su nombre. A partir de allí, inició averiguaciones y promovió un incidente de nulidad y redargución de falsedad dentro del plazo legal establecido.
Durante la tramitación, la defensa presentó elementos como registros de firma provenientes de prontuarios oficiales, que según sostuvo no coinciden con la rúbrica del pagaré cuestionado. También se incorporaron antecedentes de una investigación fiscal relacionada con la presunta producción de documentos no auténticos. Otro de los puntos señalados fue la supuesta inconsistencia en las notificaciones, ya que habrían sido realizadas en una intersección de calles que, en la práctica, no existe.
El caso también expuso consecuencias personales para la afectada. Según lo manifestado en el expediente, la inhibición le habría impedido acceder a créditos necesarios para un tratamiento médico vinculado a una afección cardíaca, lo que fue presentado como parte del perjuicio sufrido.
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