El recordado catedrático de Derecho Romano, y otrora rector de la Universidad Católica y decano de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, el doctor Antonio Tellechea Solís (1939-2017), maestro que formó a varias generaciones de abogados, ha fallecido este miércoles.
Corría el año 1993. Mi falta de talento para el rock, aunada a mis nulas dotes para urdir un poema que no resultara risible, me llevó a optar, al igual que muchos otros jóvenes de mi generación, por estudiar derecho. Al fin y al cabo, entre otras cosas, la carrera prometía el «consuelo» de ver llegar el día en el que cada quien sería llamado «Doctor». Y quizás hasta podíamos refrendar este estatus escribiendo una obra magna sobre el «Interdicto de recobrar la posesión» o algún otro tema afín, como el libro que tanto orgullo producía a aquel tragicómico leguleyo de la novela La Babosa.
Mirando al pasado, el camino transitado por muchos jóvenes de aquella generación ha sido más costoso de lo que pensábamos. La práctica de la profesión legal en un sistema en el que, si nos guiásemos por los famosos criterios establecidos por el jurista norteamericano Lon Fuller, no calificaría jamás como un Estado de derecho, plantea no pocas dudas existenciales a cualquiera, como es natural. Sin embargo, las experiencias excepcionales, aquellas que nos animan a seguir adelante y con entusiasmo, sin duda existen, y una de ellas fue la figura de don Antonio Tellechea Solís.
Asistí a sus clases de derecho romano en la Universidad Católica. En seguida me di cuenta de que estaba ante un maestro descomunal en nuestro ámbito universitario. Acaso por efecto de la sugestión, el hecho de que se tratara de un profesor de derecho romano me hacía verlo revestido de un aura de virtud estoica, y su porte, gestos y movimientos evocaban en mi imaginación los de una especie de Cicerón moderno. Lo cierto es que la sobriedad de su figura definitivamente no encajaba con la cultura del arribismo fácil en la que habría de derivar la profesión legal con el paso de los años.
Nunca olvidaré la primera clase de don Antonio, allá por el año 1993. La transición hacia la democracia, junto con la Constitución de 1992, con su generoso catálogo de derechos fundamentales, prometía un futuro de libertades y de autogobierno colectivo en el que todos los paraguayos, como ciudadanos libres e iguales, habríamos de forjar un proyecto de vida en común. La desilusión, claro está, vendría pronto. La polis fue secuestrada por una clase política que hizo añicos la transición, en lugar de conducirla hacia una democracia floreciente.
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