Una verificación realizada por los técnicos arrojó que mensualmente no se facturaba el 45% de la energía utilizada en el predio, lo que equivale a cerca de G. 500 millones, según el ingeniero Félix Sosa, jefe de Fiscalización del Área Interior de la ANDE. Funcionarios de la entidad recurrieron a la Fiscalía, porque tienen problemas para ingresar al complejo, además de que la sustracción de energía eléctrica es un delito de acción penal pública.
Entre los que sustraían la energía eléctrica se hallan mineradoras de criptomonedas, que poseen potentes procesadores que trabajan las 24 horas, además de industrias de otros rubros, pero cuyas denominaciones no fueron proporcionadas.
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