La fiscala Silvana Otazú encabezó una comitiva fiscal policial que allanó ayer la vivienda de la ex fiscala Brígida Aguilar, ubicada en la ciudad de San Lorenzo. Esta última se encuentra vinculada en el caso de los oficios enviados a la telefonía Tigo para pedir cruces de llamadas relacionadas con los hechos del 31 de marzo de 2017, día de la quema del Congreso Nacional y el ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Aguilar, quien fue removida del cargo en mayo de este año por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), aparece como la responsable de una solicitud presentada ante empresas telefónicas, pese a que en ese momento la investigación era encabezada por otra unidad fiscal.
Según explicó la representante del Ministerio Público, se enviaron oficios a dicha telefonía con respecto a cruce de llamadas que ocurrieron el 31 de marzo. Sin embargo, también se requirió extracto de llamadas del ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann, y del actual presidente de la República Mario Abdo Benítez, así como también de otros políticos.
Cabe destacar que en esta causa ya se encuentra imputado Óscar Alejandro Correa Domínguez, el ex asistente fiscal que recibió el informe de la firma Tigo, como respuesta de los oficios solicitados. El delito investigado es por supuesta producción de documentos no auténticos. El juez de feria Gustavo Amarilla había admitido el proceso.
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