La justicia de Brasil solicitó la extradición de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, para procesarlo por hechos relacionados al crimen organizado y al tráfico de drogas. La juez Especializada en Crimen Organizado de Paraguay, Lici Sánchez, decretó su detención con fines de extradición. El pedido fue presentado por el Juzgado […]
La justicia de Brasil solicitó la extradición de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio «Lalo» Gomes, para procesarlo por hechos relacionados al crimen organizado y al tráfico de drogas. La juez Especializada en Crimen Organizado de Paraguay, Lici Sánchez, decretó su detención con fines de extradición.
El pedido fue presentado por el Juzgado Federal de Porto Alegre, de la República Federativa del Brasil, a cargo de la Juez Federal Suplente con Título completo Dra. Cristina De Albuquerque Vieira en el marco de la investigación por supuestos “Delitos Internacionales de Tráfico de Drogas”, “Crimen de Blanqueo de Capitales” y “Delito de Organización Criminal”. Sánchez fijó para mañana la audiencia identificatoria, que se hará por medios telemáticos respecto al extraditable, quien cumple prisión preventiva en la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada.
Según los antecedentes, el Gobierno de Brasil remitió el pedido formal de extradición a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañando la investigación que vincula a Rodrigues Gomes con operaciones de tráfico de cocaína entre Paraguay, Brasil y otros países de la región. De acuerdo con la exposición de hechos, el requerido habría coordinado vuelos clandestinos para el transporte de sustancias ilícitas, además de integrar una organización criminal armada con estructura propia para el blanqueo de capitales mediante empresas y cuentas bancarias de terceros.
La solicitud se basa en los artículos 35 y 40 de la Ley brasileña 11.343/2006, la Ley 9613/98 de lavado de dinero y la Ley 12.850/2013 sobre criminalidad organizada. En Paraguay, estas conductas también se encuentran previstas en la Ley 1340/88 y su modificatoria 1881/2002, así como en el art. 196 del Código Penal sobre lavado de dinero, por lo que el juzgado confirmó la procedencia jurídica del pedido.
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