La implicación en presuntos actos de corrupción de al menos seis alcaldes, tres de ellos de las principales ciudades de Costa Rica, sacude al sistema municipal de este país. El Gobierno planteó una reforma legal para eliminar la reelección indefinida en esos cargos.
El “Caso Diamante”, bautizado así por las autoridades judiciales, se refiere al presunto pago de dádivas y sobornos por parte de las empresas constructoras MECO y Explotec, a cambio de favores en la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas en los municipios de San José (centro), Alajuela (centro), Cartago (centro), Escazú (centro), Osa (sur), Golfito (sur), San Carlos (norte) y Siquirres (Caribe).
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, las dádivas y sobornos incluirían dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Entre los delitos que se investigan figuran cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, negó que el nombre "Caso Diamante" tenga algo que ver con la serie animada Los Simpsons y su personaje "Alcalde Diamante", que en la trama televisiva se caracteriza por sus actos de corrupción.
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