Desde que Vizcarra gritó “¡basta!” a la política de “odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país” hasta el suicidio de Alan García, naufragamos en lo que el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) quería superar mediante “el pacto social entre los peruanos de cualquier ideología política y credo” que propuso al Congreso el 3 de marzo de 2018.
La moral del país está sumergida en Lava Jato, en la arbitrariedad con que la Fiscalía interpreta la ley, y en una justicia convertida en telenovela escandalosa. En dirección inversa a la que Vizcarra predicó hace 14 meses, la nación es zarandeada por las contradicciones gubernamentales y su presión política sobre poderes e instituciones cuya independencia dice respetar. La desconfianza, zozobra e incertidumbre acumuladas han explotado en un suicidio trágico y en el calvario quirúrgico del octogenario PPK.
Aunque los peruanos sabemos que el número de leyes es inversamente proporcional a su cumplimiento, nos sorprendimos cuando el prestigioso Fiscal Coordinador del Equipo Especial Lava Jato afirmó (16.4.2019) que era improcedente invocar el artículo 290, inciso a) del Código Procesal Penal (mayores de 65 años solo son pasibles de detención domiciliaria) en el caso de Kuczynski. Es una interpretación “antojadiza”, dijo, porque el Ministerio Público considera “evidente” que ese convaleciente ciudadano “goza de salud”.
Y fue más allá al agregar que los argumentos a discutir solo se centrarán en “la proporcionalidad de la medida, su necesidad, su exigencia, y al caso que está planteando el Ministerio Público”. Léase: si agravamos la imputación al investigado justificaremos mayores medidas restrictivas a su libertad.
Pero la instrumentación fiscal de una metodología maquiavélica e inquisitorial no sería tan grave si los jueces y tribunales no acogieran los alegatos y petitorios que reciben de los titulares de la acción penal, que interpretan a su antojo y conveniencia las normas del Código que debería regir sus actuaciones.
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