La organización Amnistía Internacional presentó hoy un informe donde señala que, así como en Paraguay se aprobó la "Ley Garrote", también otros países de América aprobaron normas que restringen a organizaciones civiles, generan autocensura y debilitan la democracia.
Amnistía Internacional presentó este lunes un informe donde se advierte que en los últimos años diversos países de América han avanzado en la aprobación de marcos normativos dirigidos a “restringir, controlar y, en algunos casos, desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)”.
El documento, titulado “Rompiendo el tejido social: el impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”, señala que entre 2024 y 2025 países como Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador adoptaron o reformaron leyes que, bajo argumentos de transparencia, seguridad nacional o supervisión administrativa, “imponen controles desproporcionados que afectan directamente la capacidad de las OSC para operar, acceder a recursos y defender los derechos humanos”.
Según el análisis, estas normas, conocidas como “leyes anti-ONG”, comparten patrones preocupantes que comprometen el derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresión y la privacidad. Además, su implementación ocurre en contextos de “creciente concentración de poder, prácticas autoritarias y hostilidad hacia voces críticas”, lo que amplifica su impacto y profundiza el cierre del espacio cívico en la región .
El informe identifica que la aprobación de estas leyes estuvo acompañada por “discursos oficiales que describieron a las organizaciones como actores sospechosos’, ‘enemigos internos’, ‘antipatrias’ o ‘interferencias extranjeras’”, generando un ambiente de desconfianza social y fomentando la autocensura.
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