Pablo Seitz, titular de la DNCP, señaló que, una vez terminados estos sumarios, la empresa podría recibir una sanción e inhabilitación para trabajar con cualquier institución pública por un plazo que puede ir desde los tres meses hasta los tres años por dos presuntas irregularidades.
“Tenemos dos denuncias contra el Consorcio Poti. Una es por la inclusión de empleados antiguos en su lista de IPS y la otra más reciente es la que tiene que ver con documentación no aplicable a la oferta y lo que se tiene que definir en sumario es si la misma fue adulterada o no para presentarse a la oferta. Entonces, una vez terminados estos sumarios, eventualmente la empresa puede recibir una sanción y una inhabilitación para trabajar con cualquier institución pública por un plazo que puede ir desde los tres meses hasta los tres años”, expuso Seitz en charla con La Mañana De Unión por...
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