Un Tribunal de Apelación ratificó las condenas de 4 años de prisión para la extitular de Petropar, Patricia Samudio y de 3 años 9 meses a su esposo José Costa Perdomo, hallados culpables por lesión de confianza en el negociado en la compra de insumos plena pandemia para el desvío de Gs. 359.700.000 de la […]
Un Tribunal de Apelación ratificó las condenas de 4 años de prisión para la extitular de Petropar, Patricia Samudio y de 3 años 9 meses a su esposo José Costa Perdomo, hallados culpables por lesión de confianza en el negociado en la compra de insumos plena pandemia para el desvío de Gs. 359.700.000 de la petrolera para pagar una deuda de Costa Perdomo.
La Alzada integrada por los Camaristas Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro y José Agustín Fernández confirmó la S.D. N° 141 del 24 de abril del año 2024, mediante la que el Tribunal de Sentencia condenó a ambos procesados por el hecho de lesión de confianza. El recurso de apelación fue interpuesto por los abogados Christian Bazán y Agustín Olazar, quienes aseguran que el hecho no se consumó debido a que el monto desviado fue devuelto de forma íntegra por la empresa Solumedic S.A.
“Por lógica y sana razón, si la conducta activa u omisiva, de los condenados no ha causado ningún perjuicio patrimonial a la supuesta víctima, el hecho punible de lesión de confianza no se consumó. Así constituye un grave error, condenar a nuestros defendidos por un hecho punible no consumado, aplicando erróneamente la disposición del art 192 numeral 1° del CP, cuando el hecho punible tipificado en esta norma no fue consumado, por inexistencia de perjuicio patrimonial que haya sido producido como resultado de la conducta de los condenados” refiere el escrito de apelación.
Los Camaristas refieren en su decisión que, el hecho de que Solumedic S.A. haya realizado el depósito de Gs. 338.811.240 a la cuenta de Petropar solo demuestra la confirmación de intentar enmendar un delito luego de que haya salido a la luz y eso no significa que el hecho no haya ocurrido, pues el Ministerio Público demostró fehacientemente que se produjo un desembolso de Gs. 359.700.000 de las arcas del Estado, por lo que la reprochabilidad resulta ajustada a derecho y su aplicación es legal.
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