El consorcio español-chileno Sacyr-Agunsa emitió ayer un nuevo comunicado con miras a defenderse de las denuncias de irregularidades presentadas en su contra por los tres profesionales que fueron contratados por la Comisión Permanente del Congreso. Además, el caso también es investigado actualmente por la Contraloría General de la República y se espera un dictamen para la primera quincena de febrero.
Sacyr, la virtual ganadora de la licitación vía alianza pública-privada (APP) para modernizar el aeropuerto Silvio Pettirossi, calificó de imprecisas las publicaciones periodísticas y que los materiales afectan directamente su reputación. En ese sentido sostiene que Sacyr Concesiones SL no está incursa en causa alguna de inhabilidad para continuar con el proceso de licitación para la modernización de la infraestructura aeroportuaria.
La firma enumeró varios argumentos para defender la viabilidad de su propuesta. En primer lugar señala que Sacyr no tiene ningún proceso judicial en trámite por incumplimiento contractual con el Estado, con los gobiernos departamentales o con las municipalidades de ningún país ni con Paraguay, al tiempo de afirmar que no se encuentra en quiebra o en “convocatoria de acreedores”.
En el tercer punto afirma que no es deudora del fisco y como cuarto argumento dice que no está vinculada a las autoridades y funcionarios que la ley hace referencia.
El quinto punto hace referencia a que no ha actuado como asesora contratada por la administración (MOPC) en la implementación del proyecto de modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi y en sector lugar que no ha sido sancionada o inhabilitada por Contrataciones Públicas.
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