Una caldeada reunión se tuvo hoy en el Indert entre los representantes de las empresas Victoria y Atenil, el intendente de Puerto Casado y los casadeños. Mientras la presidenta Gail González Yaluff indica que las tierras a ser donadas son de las mencionadas firmas, Hilario Adorno explica que las tierras pertenecen a la Asociación Espíritu Santo según documentos.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), a través de su presidenta Gail González Yaluff, firmó un preacuerdo con representantes de las empresas Victoria Paraguay SA y Atenil SA para la regularización jurídica definitiva de 30.000 Ha. a favor de beneficiarios de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay. Adelantó que los trabajos técnicos en el lugar durarían unos 20 días, para determinar con exactitud las fincas afectadas y condiciones de dominio de estas.
Sin embargo, el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, dijo que el Indert y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, podrían ser embaucados por empresarios, refiriéndose específicamente a Diego Puente.
“Tengo el mandado del presidente de la República de resolver este caso después de tantos años, yo heredé este problema. Tengo toda la buena predisposición, y más por recomendación del presidente nos hemos acercado a la empresa. (…) Mi administración pone toda la predisposición, resolviendo administrativamente lo establecido en el acta de preacuerdo punto por punto, en trabajo conjunto con todas las partes involucradas, con el objetivo de encaminar la donación de 30.000 Ha. por parte de la empresa Victoria S.A a favor del INDERT, que sería posible mediante sentencias judiciales agregadas al...
Aunque, en realidad el litigio por la tierra es entre la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y las empresas offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments. El Ministerio Público, a través de exhortos, ya pidió a países como Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre, expedientes que certifiquen quienes son los dueños de estas empresas, que litigan por las 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza del Chaco.
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