QUYQUYHÓ. El abogado Derlys Martínez, defensor de la intendenta de este distrito, Patricia Corvalán, calificó de “totalmente improcedente” el pedido del fiscal Silvio Corbeta, quien solicitó al juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, que prohíba a la jefa comunal acercarse a la sede municipal por un presunto conflicto de intereses. Según Martínez, se trata de “un intento de destitución encubierta mediante una medida cautelar”.
Advierten intento de destitución encubierta de la intendenta de Quyquyhó mediante medida cautelar
La jefa comunal, junto a su esposo, el diputado nacional Esteban Samaniego (ANR), y otras ocho personas, enfrentan un proceso por los supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. La Fiscalía estima que el perjuicio patrimonial a la comuna supera los G. 1.108 millones.
El juez Humberto Otazú deberá resolver si la intendenta de Quyquyhó debe ser apartada de la Municipalidad.Durante la audiencia, el fiscal Corbeta ratificó su acusación contra la intendenta, esposa del legislador Samaniego. En este proceso, la vinculación del diputado sigue vigente, y el pedido de desafuero solicitado a la Cámara de Diputados aún está pendiente. También figura en el caso Blanca Álvarez, madre del parlamentario, imputada como cómplice.
La investigación se inició sobre la administración municipal cuando Samaniego se desempeñaba como intendente de este distrito (2011–2017), durante el cual habría suscripto contratos, convocando licitaciones y pagado por obras y servicios inexistentes, beneficiando reiteradamente a los mismos proveedores.
Leer la nota completa en Diario ABC
