La administradora de Aduanas de Paksa, Guadalupe Ruiz, dijo ayer que “ya temía por su vida” a partir de la situación que se está dando con el caso de la carga declarada de contrabando y que fue robada, pero que la Fiscalía no investigó, pese a contar con video de circuito cerrado y todos los elementos para encontrar a los responsables.
En conversación con ÚH, dijo que le preocupaba la manera de actuar del ciudadano Ahmad Khalil Champs, quien le visitó dos veces y reclamó, sin documentación alguna, que se le entregue la carga de electrónicos que fue declarada de contrabando o se le indemnice.
Ruiz y el director de Aduanas, Julio Fernández, fueron denunciados por “lesión de confianza” por el senador colorado Martín Arévalo, luego de que el segundo lo denunciara por supuesto tráfico de influencias al pedir que se le entregue la referida carga de electrónicos declarada de contrabando a Champs.
Ruiz detalló primero que el robo en el depósito de Gical está plenamente respaldado por documentos y que en dos horas los ladrones se llevaron todo lo que pudieron. Aclaró que la carga estaba valorizada en USD 2.600.000 y no en 3 millones, que en guaraníes eran 18.800 millones. Precisó que luego del robo quedaron productos por valor de G. 2.800 millones que luego fueron vendidos en un concurso de precios por 610 millones de guaraníes, según dispone la ley.
Reiteró que la falta de pruebas y antecedentes del ciudadano que reclama “le hace temer por su vida. “La segunda vez que vino con su abogado me dijo que era la última vez que venía a buscar una solución amistosa. O le devolvían su mercadería o le indemnizan”, recalcó. Añadió que cuando le preguntó si tenía documentos, según indicó, le dijo que “él tenía amigos políticos, que iba a denunciar y hacer escándalo”.
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