La firma del contrato en la licitación para la operación y administración de 13 puestos de peaje depende de una supuesta investigación iniciada esta semana por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), según informó ayer el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, durante un acto en la ciudad de Naranjal, departamento de Alto Paraná.
En esta licitación la adjudicación fue para el consorcio CDD- Ramón C. Álvarez SA, y sobre esta última hay evidencia de que falseó datos para competir en el llamado, declarando tener experiencia específica que no tenía y comprometiendo para eso a la Corporación Vial del Uruguay (CVU).
Lo más grave del asunto es que el propio Ministerio de Obras Públicas está ocultando la evidencia, que consiste en un informe oficial del Uruguay que llegó vía Cancillería y que hasta el momento se ha negado a divulgar.
En tal sentido, fuentes extraoficiales señalan que la supuesta investigación iniciada por la DNCP sería en realidad un “blanqueo”, pues el director de Contrataciones Públicas, Santiago Jure, pertenecía al equipo de Jiménez Gaona en el MOPC antes de ir a la DNCP.
En su declaración jurada, Ramón C. Álvarez SA no solo aseguró que había construido nueve peajes para la Corporación Vial del Uruguay, cuando que apenas construyó seis, sino también que tenía los cuatro años de experiencia mínima que le exigía el pliego.
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