Según el informe, la normativa —creada para proteger tanto a clínicas de aborto como a centros provida— habría sido aplicada
Según el informe, la normativa —creada para proteger tanto a clínicas de aborto como a centros provida— habría sido aplicada de forma parcial, favoreciendo a organizaciones proaborto mientras se minimizaban ataques y actos vandálicos contra centros de apoyo a embarazadas.
“El Departamento de Justicia de Biden violó los derechos de los estadounidenses mediante la aplicación parcial de la Ley FACE”, señala el documento oficial, que advierte sobre una supuesta desviación del espíritu original de la ley.
La investigación también sostiene que el DOJ habría mantenido una estrecha colaboración con organizaciones como Planned Parenthood, la National Abortion Federation y la Feminist Majority Foundation, con el objetivo de monitorear actividades de activistas provida vinculadas a la Primera Enmienda.
De acuerdo con las conclusiones: Estas organizaciones habrían proporcionado información clave que derivó en órdenes de registro y procesos judiciales. Fiscales federales habrían consultado a grupos proaborto sobre movimientos y actividades de activistas provida.
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