De acuerdo con el informe final de la Contraloría General de la República, que ya fue remitido a la Fiscalía
De acuerdo con el informe final de la Contraloría General de la República, que ya fue remitido a la Fiscalía General del Estado para su análisis e imputación de los responsables, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no solo falló en su rol de ejecutor de políticas públicas, sino que también actuó al margen del marco legal vigente, consolidando adjudicaciones y contratos en abierta contravención a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas y a su Decreto Reglamentario N° 7434/11.
Los contratos quedaron de la siguiente manera: CDD Construcciones S.A. (N° de contrato 208, del 26/10/12 ) Consorcio ABH S.A. – TAIVO S.A. – CONSTRUCTA S.A. (N° de contrato 301 del 21/11/12) y Construcción PS (N° de contrato 362, del 27/11/12).
Lejos de tratarse de una irregularidad menor, los hechos configuran un patrón de conducta que anuló los mecanismos de control, vulneró derechos de los oferentes y dejó al Estado expuesto a un daño económico e institucional de gran magnitud. De hecho, fueron dilapidados alrededor de USD 150 millones.
El caso del Contrato S.G. Ministro N° 208/12, suscrito con la empresa CDD Construcciones S.A., resume con crudeza el nivel de arbitrariedad alcanzado. El contrato fue firmado el mismo día —26 de octubre de 2012— en que se emitió la Resolución de adjudicación N° 2147/12 del llamado MOPC N° 95/2012 para la ejecución de las obras del Acueducto Principal Puerto Casado–Loma Plata.
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