Mientras la Contraloría General de la República (CGR) impulsa un pedido de intervención contra la Municipalidad de Ciudad del Este por supuestas irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto, mantiene un silencio cómplice ante denuncias incluso más graves que pesan sobre la administración del liberal Roque Godoy en Presidente Franco. Esta doble vara, con […]
La diputada Roya Torres, esposa del intendente Roque Godoy, durante una reunión con el senador Dionisio Amarilla, quien posee fuertes influencias en la CGR, según fuentes fidedignas.
Mientras la Contraloría General de la República (CGR) impulsa un pedido de intervención contra la Municipalidad de Ciudad del Este por supuestas irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto, mantiene un silencio cómplice ante denuncias incluso más graves que pesan sobre la administración del liberal Roque Godoy en Presidente Franco. Esta doble vara, con claros tintes políticos, pone en entredicho la credibilidad y la imparcialidad de la institución encabezada por el contralor Camilo Benítez.
Desde julio de 2022, la CGR tiene en su poder un pedido formal de auditoría y eventual intervención de la Municipalidad de Presidente Franco, respaldado por documentos y denuncias de presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Godoy, incluyendo el interinazgo de Julia Ferreira. El concejal franqueño Hugo Mendoza (ANR) entregó en manos del propio contralor Camilo Benítez un balance analítico y un dictamen en minoría que fundamenta su rechazo a la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2021, que calificó de “dibujo contable”.
Entre los hechos denunciados figuran el uso irregular de combustibles en vehículos y maquinarias supuestamente fuera de servicio, la inexistencia de un informe de cierre administrativo entre cambios de gestión, y la aprobación de gastos sin sustento documental. Sin embargo, la CGR nunca ordenó una auditoría ni abrió una investigación profunda sobre estas denuncias.
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