El cartismo intentó defender el presupuesto de más de G. 64.000 millones que pidió Sandra Quiñónez. Alegaron que sin recursos no se podrá combatir la corrupción ni el crimen organizado.
La Cámara de Diputados aceptó ayer el veto del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria del Ministerio Público para el 2022, que ahora deberá ser estudiado por el Senado. El monto que en principio había sancionado el Congreso era de más de G. 64.707 millones, dirigido, entre otras cosas, a la creación de 577 nuevos cargos dentro de la Fiscalía. Esencialmente, 40 unidades fiscales, con financiamiento del Tesoro, que tenía el objetivo del combate a la corrupción y al crimen organizado, según el argumento, que fue impulsado luego del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
El liberal Eusebio Alvarenga argumentó a favor del veto indicando que la Fiscalía “dejó de funcionar como institución republicana”, y que la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez merecía ser destituida por juicio político. “Sandra Quiñónez es enemiga del pueblo, de la decencia, de la investigación objetiva. Otorga impunidades para algunos sectores y persecución para otros”, reclamó. Por su parte, el cartista Raúl Latorre, pidió rechazar el veto, apuntando que la ampliación podría redundar en mejores herramientas para el combate al crimen. “No podemos hablar de compromiso de lucha...
La Cifra64.707millones de guaraníes fue el aumento presupuestario rechazado por el Poder Ejecutivo para el Ministerio Público.
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