Amnistía Internacional Paraguay formalizó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 7.363, conocida popularmente como "Ley Garrote", normativa que establece nuevos mecanismos de control y registro sobre organizaciones sin fines de lucro.
La disposición fue impulsada por el cartismo y posteriormente reglamentada por el presidente Santiago Peña en octubre del año pasado.
La organización sostiene que el marco legal impone exigencias desproporcionadas a entidades que desarrollan actividades de incidencia pública, al establecer obligaciones de inscripción, supervisión estatal y eventuales sanciones que —a su criterio— afectan garantías básicas consagradas en la Constitución. Entre los puntos cuestionados figuran las limitaciones a la libertad de asociación y participación ciudadana, así como la exposición de datos personales en registros de acceso público.
De acuerdo con el planteamiento presentado ante la máxima instancia judicial, la ley obliga a publicar información sensible sobre integrantes de organizaciones sociales, lo que podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar riesgos para víctimas de violaciones de derechos humanos y personas defensoras. La entidad advierte que la divulgación obligatoria de datos personales puede abrir la puerta a hostigamientos, represalias e incluso situaciones de violencia.
Amnistía remarca que no se opone a los controles estatales ni a la transparencia, pero considera que las disposiciones actuales exceden lo razonable y colocan en una posición de vulnerabilidad a quienes trabajan en la promoción y defensa de derechos fundamentales. Según argumenta, ya cumple con las exigencias fiscales, laborales y de prevención de lavado de dinero previstas en la legislación vigente, por lo que estima innecesario un régimen adicional que, a su entender, restringe derechos sin un fin legítimo claro.
Leer la nota completa en El Nacional
