Para determinar el límite entre la información pública y la privada, el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra los fallos del amparo que promovieron para saber datos de cómo se eligió la terna para fiscal general.
Atacan la resolución del 6 de noviembre pasado del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Primera Sala, que ratificó la sentencia dictada por la jueza en lo Civil, del 17º Turno, Karen Leticia González.
Los mismos habían hecho lugar parcialmente al amparo promovido por los recurrentes para conocer todos los datos utilizados, a fin de elegir la terna de candidatos para Fiscalía General del Estado.
La terna se integró con Javier Díaz Verón, Sandra Quiñónez y Victoria Acuña. El presidente Horacio Cartes designó a Quiñónez para el cargo. Se espera el acuerdo del Senado, que no tuvo cuórum el pasado lunes para sesionar sobre el tema.
La jueza había concedido la mayoría de los pedidos, salvo el test sicotécnico tomado a los candidatos, con el argumento de que era violatorio del derecho de la intimidad.
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