El secuestro y asesinato del joven Jorge Ríos en la zona de Sargento López, ex Puentesiño, en manos del grupo criminal Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP), no es un hecho aislado. Hace tiempo que las ex tierras de Antebi, incluido al Parque Nacional Paso Bravo, se han convertido en una región abandonada por el Estado, liberadas para todo tipo de tráfico y actividad criminal, con tierras expropiadas para campesinos que acabaron en manos de caudillos políticos y narcotraficantes, en un verdadero imperio sin ley. La impunidad de la corrupción debe ser erradicada, desde las circunstancias que motivan un secuestro, como las que dejan que 165 políticos y 46 funcionarios estatales se vacunen contra el Covid de manera tramposa. Seguir permitiendo esta situación nos conduce a un Estado fallido y a una democracia inviable.
Lamentablemente, el doloroso caso del joven ganadero Jorge Ríos, de 23 años de edad, secuestrado el pasado lunes 28 de junio en horas de la noche, en la estancia de su familia en la localidad de Sargento José Félix López, ex Puentesiño, Concepción, en manos del grupo criminal Agrupación Campesina Armada-Ejército del Pueblo (ACA-EP), hallado muerto ejecutado el sábado último en territorio brasileño, no constituye un hecho aislado dentro del generalizado esquema de corrupción, violencia criminal e impunidad que golpea a nuestro país.
La región en la que se produjo el alevoso crimen es desde hace tiempo un territorio abandonado por el Estado, liberado para todo tipo de tráfico y actividad criminal, con absoluta impunidad. Una vasta región del norte de los departamentos de Concepción y Amambay, que durante gran parte del siglo pasado fueron parte de un latifundio de más 400 mil hectáreas, pertenecientes a la firma Cipasa de la familia Antebi, fueron expropiadas en 1995 por el Estado paraguayo, unas 224 mil hectáreas, para destinarlas a la reforma agraria y entregarlas a campesinos sin tierras. Sin embargo, en su mayor...
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