El presidente Mario Abdo Benítez no dedicó ni una línea en su informe de gestión a las cuestiones vinculadas a juegos de azar ni las críticas o acciones para atender la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuya titular interina es María Galván del Puerto. Eso, pese a que de la recaudación de Conajzar dependen recursos de la Dirección de Beneficencia (Diben) y que se trata de un sector en el que se mueve mucho dinero y en donde existen grandes intereses económicos en juego.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó su cuarto informe de gestión anual del Gobierno ante el Congreso Nacional. Fue notoria la ausencia de mención siquiera de las cuestiones relativas a los juegos de azar, aspecto que estuvo en la agenda política ante una serie de manifestaciones, tratamiento de en el Parlamento y ocho personas, entre ellas autoridades, se encuentran procesadas.
Hace tres semanas, la comisión decidió por fin eliminar el contrato con la firma iCrop SA, de Lucy Sy y Lilian Beatriz Vera de Qiu, a la que le dieron la tarea de censar, catastrar y explotar tragamonedas que operaban en lugares que la misma ley prohibe, como peluquerías y otros comercios de libre concurrencia.
La medida se concretó casi dos meses después de que rija la Ley N° 6903/22, que establece medidas de protección para niños, niñas y adolescentes de la influencia de las citadas máquinas y prohibe su uso en los mencionados locales. Esta nueva normativa ratifica lo dispuesto en la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar, decretos y reglamentaciones complementarias.
Empresarios y trabajadores del rubro cuestionaron que tuvo que emitirse una nueva ley para que se cumpla la vigente desde 1997.
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