  La investigación que dio inicio a la causa salió a luz en 2017, sin mayores efectos en la Justicia. Todo indica que el caso del diputado Tomás...
La investigación que dio inicio a la causa salió a luz en 2017, sin mayores efectos en la Justicia.
Todo indica que el caso del diputado Tomás Éver Rivas quedará en impunidad legislativa luego de tres años, encarado con tibieza en la Cámara Baja.
Mediante chicanas logró dilatar el proceso, que se inició tras ser publicada una investigación de Última Hora, el 22 de febrero del 2017, que revelaba que tres empleados particulares del colorado cartista figuraban como trabajadores de la Cámara de Diputados, cobrando salarios sin prestar ningún servicio.
Nery Antonio Franco, que cobraba G. 3.000.000 en Diputados, trabajaba a tiempo completo en la distribuidora Salto Cristal, en Ybycuí; Reinaldo Chaparro Penayo, cobraba un salario de G. 2.000.000, pero cumplía tareas en la residencia de Rivas en Lambaré, y Lucio Romero Caballero, que era capataz en una estancia del parlamentario en Mbuyapey, pero percibía G. 2.000.000 como funcionario de la cámara.
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