No solo vía PNUD los entes del Estado “puentean” a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo portal es el más conocido por empresas locales. También lo hacen recurriendo a organismos menos difundidos como UNOPS y hasta a través de la OEI. Por ejemplo, Itaipú prefiere trabajar con esta última antes que hacerlo con la DNCP.
Millonarias contrataciones con fondos públicos se vienen realizando al margen de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, utilizando como supuestos garantes de transparencia a organismos como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Precisamente, la OEI lleva adelante actualmente en Paraguay ocho licitaciones públicas nacionales, una internacional, 10 concursos de ofertas y otras decenas de procesos afines. Por ejemplo, este organismo suscribió un convenio con Itaipú para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de los Sistema de Información en los Establecimientos Sanitarios – Fase I”, para el suministro e instalación de infraestructura de red de fibra óptica en nueve hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
De acuerdo con los datos, si bien la Itaipú Binacional está exenta de regirse por la Ley 2051, podría utilizar el portal de la DNCP que es el más conocido por las empresas nacionales y además tiene una mayor transparencia que los organismos internacionales, porque se pueden presentar protestas en los procesos o, eventualmente, realizar investigaciones posteriores a la firma de contratos o ejecución de obras. Mientras que en los portales de los organismos los llamados están disponibles solo mientras dura la convocatoria y después salen del acceso del público general.
En diciembre último el Centro de Industriales Metalúrgicos del Paraguay (CIME) envió una enérgica protesta a Petropar porque esta empresa pública está desarrollando cuatro licitaciones por US$ 7,6 millones para obras en la planta alcoholera de la localidad de Troche, a través de PNUD. El gremio, al igual que otras asociaciones de empresarios, dijeron a ABC que la menor transparencia perjudica tanto a la convocante como a la industria nacional.
Leer la nota completa en Diario ABC
