La mano dura parece ser la estrategia de moda para combatir el crimen organizado en América Latina.
Es la vía que asumieron las administraciones de Nayib Bukele en El Salvador, Xiomara Castro en Honduras y Daniel Noboa en Ecuador.
Los tres gobiernos libran una guerra abierta contra el crimen aplaudida por muchos, especialmente sus ciudadanos, pero también criticada por distintas organizaciones de derechos humanos por cercenar libertades.
Por eso llama la atención cuando se producen excepciones a lo que ahora parece ser la regla, como la apertura de una posibilidad de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el grupo criminal más poderoso del país, más conocido como el Clan del Golfo.
Elizabeth Dickinson, analista del centro de estudios especializado en conflictos International Crisis Group en Colombia, atribuye este movimiento a las lecciones aprendidas por Colombia durante más de medio siglo de conflicto armado, como "que las organizaciones criminales no solo se eliminan con una respuesta militar, sino también con diálogo", le dice a BBC Mundo.
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