La fiscala Josefina Aghemo sigue investigando las supuestas irregularidades en la compra de tierras ancestrales que habría autorizado el ex procurador y ahora nuevo contralor general de la República, José Enrique García, durante el gobierno de Fernando Lugo. A pesar de que el caso fue denunciado en el 2013 aún no hay imputaciones.
Según refieren los antecedentes del caso, las tierras ubicadas en el lugar conocido como Puerto Colón, Depto. de Pdte. Hayes, que eran objeto de expropiación para su devolución a la comunidad Yakye Axa del pueblo Enxet, tenían un precio excesivo y aun así la operación tuvo la aprobación del entonces presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Óscar Ayala y el entonces procurador García.
En principio, el precio por la propiedad había sido de G. 22.584 millones, según el avalúo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero finalmente se habría pagado G. 35.053 millones, 55% más del costo inicial, que finalmente se abonó por la propiedad, conforme consta en el contrato de compraventa.
El 23 de diciembre de 2011, bajo la presidencia de Ayala, el Indi firmó el contrato de compraventa con la empresa El Algarrobal SA.
Ayala había explicado que efectivamente la propiedad adquirida de El Algarrobal SA benefició al senador oviedista, pero señaló que la compra fue para cumplir con el fallo de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades Yakye Axa y Kelyenmagategma.
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